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Fecha de publicación: Martes, 20 de Marzo de 2018 Hora: 05:46:33

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Las autoridades distritales parecen estar aletargadas por la falta de acciones contundentes para frenar la quema ilegal indiscriminada de tierras en La Popa, cerro tutelar de Cartagena, y la posterior venta de los terrenos resultantes a familias desplazadas o provenientes de Venezuela que no tienen donde vivir.

El director de Guardia Ambiental, Roberto Ruiz, ha reiterado en las últimas horas que tras atender ayer nuevas emergencias por incendios forestales en las faldas de la Popa se ha detectado la presencia de ciudadanos venezolanos desplazados por la situación de su país, a quienes personas inescrupulosas les venden por 100 mil pesos terrenos de 6 X 5 metros para construir allí sus chozas o cambuches donde habitar.

Ayer martes se divisaba desde lejos el humo de las quemas. En el cerro de La Popa se han venido talando ciertos sectores y haciendo quemas al aire libre por parte de algunas familias de origen venezolano y otras nativas para adecuar viviendas e zonas de alto riesgo.

"El problema de Venezuela ya tocó la parte ambiental en esta zona de la región.

Hay que prestarle atención a esta situación porque los delitos ambientales que antes eran cometidos por los nativos, ahora los están cometiendo personas de origen venezolano", apuntó Roberto Ruíz.

Líderes comunales de la María, Loma Fresca, Petare y república del Caribe, coinciden en afirmar que todos los días se hacen quemas, y a las 24 horas de la quema inmediatamente levantan una casucha, la cual es habitada por familias desplazadas Miembros de la Junta de Acción Comunal aseguraron que la Secretaría del Interior del Distrito, la Policía Nacional y el Establecimiento Público Ambiental, EPA, tienen conocimiento de la situación pero hasta ahora no se han ejecutado acciones contundentes contra los responsables. “No sabemos quién está detrás de esta venta de terrenos pero sí hemos conocido quejas de esta situación”, expresó Roberto Lozano, líder en La María.

Es muy extraño que ni la policía, ni la Infantería de Marina que cuida las antenas en el sector, hayan tomado cartas en el asunto, permitiendo que esta actividad ilegal continúe.

Igual cosa sucede con la Secretaría del Interior, El Alcalde Local, el EPA y el resto de autoridades distritales. .


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