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Fecha de publicación: Domingo, 03 de Febrero de 2019 Hora: 08:20:33

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El futuro de la torre 1 del proyecto Aquarela, cuya irregular construcción se inició ante los ojos cómplices de todos los funcionarios y gobernantes de turno hace cinco años, y quienes pasaron de agache muy convenientemente ($), será en definitivas la demolición total del mismo, según se aprecia en las decisiones conjuntas tanto del alcalde mayor de la ciudad Pedrito Pereira Caballero y del Procurador General Fernando Carrillo.


Para el alcalde Pedrito Pereira Caballero, la situación no tiene otra salida, al señalar que los propietarios del Aquarela estaban obligados indefectiblemente a restituir el espacio público del cual se apropiaron durante el levantamiento de la mole, según lo determinó un Juez de la república, lo cual fue ratificado en segunda y definitiva instancia, por lo cual no hay otra salida que la demolición en breve tiempo de la torre construida.
Por su parte el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, expresó en su última y más reciente visita a la ciudad “El destino inexorable del edificio Aquarela es su demolición si queremos cumplir con la legalidad“, advirtió tajantemente el representante del Ministerio Público; “El edificio Aquarela debe ser demolido“, dijo tajantemente el jefe del ministerio público, para despejar cualquier tipo de dudas o intereses creados alrededor de este bochornoso caso.


En este caso se han registrado avances significativos pero también retrocesos con intereses creados, incluso del propio Ministerio de Cultura que se mostró ausente o cerró los ojos cuando se estaba construyendo el proyecto, ya que las decisiones judiciales, el pronunciamiento del alcalde y la advertencia del procurador son claras sobre la grave afectación que el proyecto urbanístico le causa al Castillo de San Felipe por lo cual se obliga a demoler la torre construida y evitar que las otras que se proyectan comiencen a levantarse.


El paso siguiente para las autoridades y órganos de control es definición de las responsabilidades de los servidores públicos que directa o indirectamente intervinieron en el correspondiente proceso de licenciamiento y los que en su debido momento debieron advertir que a escasos metros del emblemático bien patrimonial no podía erigirse una mole de concreto como la que terminó construyéndose.


RESPONSABLES EN LA MIRA

El eje de la investigación de la Procuraduría y de la misma Fiscalía ya está centrado en la exsecretaria de Planeación de Cartagena de la administración Vélez Trujillo, la señora Dolly González Espinosa, a quien ya se le abrió un juicio disciplinario por haber expedido una circular modificando a su acomodo según ese órgano de control el Plan de Ordenamiento Territorial POT del Distrito, lo que dio vía libre a la expedición de las licencias para la construcción del proyecto habitacional Aquarela; y en igual situación se encuentra el curador urbano número 1, Ronald Llamas Bustos, y sobre el director de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC-, Alfonso Cabrera Cruz, así como sobre el exgerente encargado del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito -Corvivienda-, Luis Alberto Vélez Carrasquilla.


Al margen de todo, lo único y más cierto es que por fin todas las autoridades se han puesto de acuerdo, tanto la parte gubernamental como las entidades de control y fiscalización para decir al unísono “La demolición va porque va”, pero salta la pregunta del millón, ¿Quién asume el costo de la misma?
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