Sucesos

Fecha de publicación: Martes, 11 de Diciembre de 2018 Hora: 10:24:46

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Solo hasta mañana jueves, el Juez 12 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, definiría la situación jurídica de las personas capturadas por el caso de los malos manejos y la presunta defraudación en el Programa de Alimentación Escolar PAE, teniendo en cuenta que la Fiscalía 53 que instruye el proceso solicitó medida de aseguramiento en un centro carcelario para éstas seis personas.


En la actualidad y desde la semana anterior se adelantan las audiencias de legalización decapturas, imputación de argos y solicitud de medidas de aseguramiento, en contra del exalcalde de la heroica Manuel Vicente Duque Vásquez; el exsecretario de educación de la capital de Bolívar, Germán Arturo Sierra Anaya; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya, la supervisora de la alcaldía de Cartagena, Mayiris Gómez Ballestas, y el denominado líder de los contratistas David Reynaldo Camacho Benítez quien ha sido llamado como el Zar de la alimentación en la Costa Atlántica.
El turno de la Fiscalía en las audiencias ya concluyó presentando todo su acerbo probatorio para solicitar las medidas que ahora serán rebatidas o refutadas por los abogados defensores, quienes deben presentar sus propias pruebas o exponer ante el juez lo que consideren judicialmente pertinente para evitar que sus defendidos vayan a la cárcel.; estas personas fueron capturadas por un presunto caso de corrupción en dos contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, entre el 2016 y 2017 periodo en el que, al parecer, hubo un detrimento patrimonial de 5,177’364,157 millones de pesos según la Fiscalía.


Según el ente investigador de quedar con otro tipo de medida, distinta a la carcelaria, los implicados podrían obstruir la justicia alterando documentos, interfiriendo a los testigos y manipulando registros contables; y según la Fiscalía en el desarrollo de las investigaciones preliminares se permitió establecer que David Camacho Benítez, a través de dos empresas, hizo 339 contrataciones en todo el país por un valor de 561.802’950.041 millones de pesos, por contratos del PAE en Magangué, Mahates, María La Baja, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Sur, Simití, Arjona y Cartagena.


Según lo expuesto hasta ahora por la Fiscalía, Camacho Benítez puede ser un riesgo a futuro para seguir contratando debido a la fortaleza que tienen en la Costa y al mismo patrón de criminalidad con el que ha operado en otros departamentos del país como es el caso de Santander donde contrató con 44 municipios; en Sucre, donde además de contratar con municipios también lo hizo con la Corporación Autónoma Regional departamental, y de igual forma con la alcaldía Mayor de Bogotá y con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, lo mismo que con los departamentos de Cesar, Atlántico y Magdalena.


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