Del cáncer de la corrupción no se han salvado ni las empresas privadas, ya que sus directivos buscan por todas las formas lograr un enriquecimiento rápido y fácil para sus arcas personales, según se desprende de una audiencia de imputación solicitada para hoy 3 de diciembre por la Fiscalía General de la Nación ante un Juez de Control de Garantías, contra tres altos directivos de la empresa SURTIGAS SA.


FRENTE A FRENTE, conoció que abogados de la empresa instauraron una denuncia a petición de directivos superiores de la entidad, luego de culminar una exhaustiva auditoria interna por supuestos actos de corrupción en Surtigas S.A.

ESP, entre 2013 y 2016, convocó los esfuerzos de un equipo de la Dirección Especializada contra la Corrupción que realizó un análisis minucioso de los procesos de contratación en la empresa y detectó siete contratos que por su valor económico y magnitud de las obras, arrojaron un alto nivel de riesgo administrativo lo que para el ente acusador evidencia desconocimiento y vulneración de las normas comerciales del derecho privado.
La audiencia de imputación de cargos será contra Magín José Ortega Pareja, exgerente general, Ciro Said Lázaro Finamore, exgerente administrativo y financiero, y Luis Carlos Tangarife Kalil, ex director de Ingeniería y Construcción, sindicados estos quienes deberán responder por los presuntos punibles de los delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.


Según las denuncias interpuestas ante la Fiscalía seccional los tres exdirectivos de Surtigas entre los años 2013 y 2016 estarían involucrados en la firma de siete contratos realizados que contendrían varias inconsistencias y habrían comprometido la estabilidad económica de la empresa.


Según los datos conocidos, el material probatorio aportado en la denuncia penal, se señala que con la presunta contratación irregular, los entonces directivos de Surtigas aumentaron de forma ilícita su patrimonio personal, y por lo consiguiente para la Fiscalía General de la Nación es claro que, aunque no se trate de una entidad pública, la empresa Surtigas SA como empresa privada, debía cumplir con normas de contratación pactadas por las directivas de la misma, definiendo una línea de investigación para identificar supuestos hechos de corrupción en la empresa donde se habrían desconocido y vulnerado las normas comerciales del derecho privado.


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