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Fecha de publicación: Martes, 10 de Abril de 2018 Hora: 08:22:42

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El candidato conservador a la alcaldía de Cartagena en las próximas elecciones atípicas del 6 de mayo, Antonio quinto Guerra Varela prosiguió en las últimas horas con su trabajo proselitista para remplazar a Manolo Duque en el palacio de la aduana, muy a pesar de la guerra sucia desatada en la ciudad en contra de varios candidatos.
El más reciente golpe bajo intentó propinarlo el procurador Fernando Carrillo Flórez, en un acto de intromisión y usurpación aparente de poderes, que lo hicieron incurrir en un claro prejuzgamiento sobre un terreno que no es el de su competencia, quizá para hacerle el mandado a un grupo político de sus entrañas, o para indicarle a Quinto Guerra con sus votos el camino a seguir en las elecciones presidenciales venideras.


En las últimas 24 horas han sido muchos los conceptos a priori emitidos, y las declaraciones de desconocidos abogados que sin ninguna jurisprudencia conocida toman partido en los tribunales del “Palito de Caucho”, a favor o en contra, respecto de la salida en falso del jefe del ministerio público.


La función básica del Procurador es la de Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo, Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley, e Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.


A su turno el Consejo Nacional Electoral regula, inspecciona, vigila y controla toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozando de autonomía presupuestal y administrativa.

En lo que nos compete al CNE le toca decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que ellos estén incursos en causal de inhabilidad prevista en la constitución y la ley.

En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.


Visto de esa forma, se nota que el procurador Carrillo en un afán de protagonismo invadió las funciones del CNE y prejuzgó sobre la inscripción de la candidatura de Quinto Guerra, con base a rumores, ya que las normas consultadas lo establecen claramente: La fecha que se toma en cuenta para generar inhabilidad, es la de suscripción del contrato, mas no su ejecución.


A continuación realizamos un análisis con base al resumen de conceptos emitidos por un Ex magistrado del Concejo Nacional Electoral CNE y dos eminentes abogados administrativistas consultados por este portal de noticias para claridad de sus seguidores en las redes.


Ley 617 / 2000 - Artículo 95:
3.

Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.


Aquí hay una imprecisión pero es fácil suponer las fechas: “El candidato aludido, previamente a su inscripción, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No.

329, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siendo entonces vinculado a la administración Nacional el 26 de enero de 2017 (???), en calidad de contratista, hasta el 31 de diciembre de 2016 contrato que extendió su término, mediante el otrosí No.

1 de fecha 30 de octubre de 2017”.

Los otro si forman parte del contrato y fecha inicial, y no de una fecha diferente.


Una foto en una inauguración aportada a la demanda electoral ante al CNE, a la que pudo asistir en calidad de invitado el señor Quinto Guerra, sea una prueba de que “gestionó” negocios relacionados con Cartagena, Eso está claro y diáfano como el agua.

(… la entrega de viviendas de Colombiaton y ciudad Bicentenario, registros fotográficos que datan de 4 de agosto de 2017…)
El demandante INSISTE MUCHO en lo textualmente escrito en el contrato, por lo que es seguro que el hoy candidato se cuidó mucho de no gestionar nada PARA Cartagena.

Las dos fotos que acompañan la demanda, te muestran cómo va a seguir el proceso, tal y como te dije antes.

“Regresando a Cartagena, en compañía de Iván Mustafá, gerente nacional del fondo de adaptación, después de una gira de trabajo.” Esto no indica NADA,
Valdría la pena hacernos algunas preguntas al respecto: frente a la Procuraduría y su anuncio de hace dos días:: ¿Tiene la Procuraduría competencia para esta investigación?, ¿No hay usurpación de funciones del CNE .?, ¿Estos anuncios constituyen presión indebida, o coacción sobre el organismo competente? 4.

Su intromisión antes del pronunciamiento del CNE no puede ser intento de sustitución de la institucionalidad? “Oyendo al Procurador me parece que incurrió en prejuzgamiento, pues anunció su decisión a pesar de reconocer que no tiene las pruebas”.

Así lo afirmó un eminente abogado consultado por Frente a Frente.


Con todo este escándalo y las continuas visitas del Procurador y el fiscal a Cartagena, ha cobrado mayor fuerza de que el gobierno nacional y los entes que lo apoyan estarían tratando de poner nuevas talanqueras a las elecciones atípicas de Cartagena, por el tema del manejo de los macroproyectos donde hay en juego más de 5 billones de pesos.

Por el momento Quinto Guerra ha guardado absoluto silencio, y solo espera que en las próximas 48 horas se conozca la providencia del CNE al respecto
Por: HUMBERTO MERCADO PEREZ .


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