La reconocida actriz y cantante colombiana Carolina Sabino, sufrió un linchamiento público por cuenta de la Fiscalía General de la Nación y algunos medios de comunicación dedicados a la faradula, ya que  en 2015, el ente acusador, en el marco de la investigación que hacía al hacker Andrés Sepúlveda (por supuestamente espiar a los negociadores del proceso de paz), intervino la línea telefónica de quien era la pareja de Sepúlveda y hermana de Sabino, Lina Luna, y  fue en las comunicaciones de Luna que los funcionarios de la Fiscalía encontraron que Sabino se había practicado un aborto.

La información fue rápidamente divulgada en medios de comunicación y se le inició una investigación preliminar a la actriz que días después sería suspendida por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y  según Sabino, esto afectó severamente sus relaciones familiares y profesionales, hasta el punto que no le fue posible volver a desempeñarse en su labor actoral en los años posteriores.

Ante esta realidad, Sabino, quien actualmente vive en Ecuador, emprendió acciones legales en contra de la Nación por daños materiales, morales y lucro cesante al haber violado su intimidad, honra y buen nombre; Cinco años tardó la Justicia en tomar la determinación, pero le concedió la razón,  pero la jueza que conoció del caso falló a favor de Sabino y condenó a la Fiscalía, tanto patrimonial como administrativamente, por la exposición infundada a la que sometió a la actriz.

Se estima que las pérdidas de Sabino, a raíz de los hechos, ascienden hasta 150 millones de pesos anuales en términos de lucro cesante; es decir, los dineros que dejó de percibir al no poder trabajar, y  adicionalmente, la providencia ordenó a la Fiscalía  pedir disculpas a través de un acto público y, en un término máximo de 60 días, capacitar a sus funcionarios sobre cómo debe tratar casos que involucren derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.