Una bien organizada red de corrupción al interior de la DIAN de Bogotá y Cundinamarca, fue desmantelada en las últimas horas, luego del seguimiento y labores de inteligencia por varios meses por parte de la Fiscalía General de la Nación en su lucha contra las organizaciones criminales que auspicien los hechos de corrupción y el cobro de ‘coimas’ en las entidades públicas, logró acreditar material probatorio para la captura de seis funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bogotá y Cundinamarca (DIAN) por el presunto cobro de sobornos a contribuyentes, tres de ellos hoy capturados.


El Fiscal de conocimiento, con apoyo de investigadores de la Dijin de la Policía Nacional, evidenció que los funcionarios, cobraban entre cien (100) y seiscientos (600) millones de pesos a cada contribuyente para exonerarlos del pago de obligaciones y modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la DIAN, encontrándose dentro de sus ofrecimientos a los clientes el borrar las deudas del sistema de la DIAN, lo mismo que asesorar y ejecutar la disminución de intereses a deudores morosos.


La investigación se inició por una alerta de un contribuyente, quien advirtió que un funcionario de la DIAN le solicitó una suma de dinero para modificar una decisión dentro del expediente que se adelantaba contra su empresa, por mora en el pago de impuestos, antelo cual el ente acusador obtuvo órdenes judiciales para interceptar líneas telefónicas, realizar seguimientos e inspecciones, entre otras técnicas de policía judicial, con las que se evidenció la forma como operaba la red criminal.


Los funcionarios de la DIAN capturados responden a los nombres de Ernesto Miguel Trillo Marceles: sería el jefe de la organización y se desempeñaba como analista IV de la División de Cobranzas, Sandra Viviana Zorro Rodríguez: jefe División de Cobranzas, Jaqueline Castillo Parra: asistente de la Jefatura de la División de Cobranzas y José Manuel Triana Medina: jefe Grupo Coactiva II de la División de Cobranzas, a quienes la fiscalía les imputó ante un Juez de Control de Garantías los delitos de concusión, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito,
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