La ciudadanía de Cartagena, exige una pronta intervención de las autoridades en torno al gran negocio que han montado las clínicas privadas con las funerarias y los parques cementerio, parta la cremación de los cadáveres de personas supuestamente fallecidas por el ataque del COVID 19, y que ha generado ya grotescos  y macabros episodios con los atribulados familiares.

El negocio se inicia en las clínicas privadas, como sucedió con la CLÍNICA LA ERMITA del Pie de la Popa, cuando la incertidumbre y tragedia para la familia de MIGUEL VALIENTE PÉREZ quien ingreso por urgencias por un cuadro hepático el cual  no terminó con su muerte sino con lo sucedido posteriormente a ella, ya que su cuerpo fue cambiado por el de una mujer y pese a que su fallecimiento se produjo por causas naturales, apareció como sospechoso de COVID 19, además de exigirle a la familia Valiente que para poder entregar el cuerpo debían firmar que aceptaban que Miguel había fallecido de Covid 19, y que su cuerpo no podía ser visto ni el ataúd abierto, y que autorizaban la cremación del cuerpo.

Pero la insistencia de algunos familiares los llevo a abrir el ataúd y una bolsa gris donde supuestamente estaban los restos mortales de Miguel Valiente, encontrándose que el cadáver era el de una mujer de aproximadamente 70 años; tanto la Clínica la Ermita y el DADIS se han negado a dar explicación alguna a los medios.

En la CLINICA SAN JOSE DE TORICES, también está el negocio con las cremaciones, por lo cual citamos dos casos concretos como el ocurrido con la señora SINDYS LIGARDO CARRIAZO, quien fue ingresada por urgencias con una falla cardiaca o cardiopatía de la cual falleció la noche del martes 26 de mayo, y su cuerpo solo fue entregado a los familiares a las 10 de la mañana el viernes 29, es decir 64 horas después, con la intervención de un abogado y de la Fiscalía porque la Clínica Insistía en que firmaran el consentimiento para cremarla porque había fallecido de Covid 19.

En esa misma CLINICA SAN JOSE DE TORICES, se presentó el caso del señor PEDRO CÁCERES de 47 años, quien falleció allí mismo por un mal manejo de un coma diabético, y a las 48 horas de muerto le avisaron a los familiares que fueran a recoger las cenizas que ya lo habían cremado, pero ante los reclamos de vecinos y allegados,  accedieron al depósito de cadáveres donde había varios cuerpos amontonados en bolsas grises, encontrando allí el cuerpo de “Pello Cáceres” como le decían cariñosamente.

LA CREMACIÓN

Lo cierto de todo, es que las funerarias cobran por un funeral con cremación la suma de 4 millones de pesos aproximadamente con ataúd alquilado y  velación, pero fuentes de digno crédito afirmaron FRENTE A FRENTE, que la inversión no sobrepasa el 10 por ciento, es decir no alcanzan a gastarse 400 mil pesos por cremación, y menos ahora que no suministran buses, ni salas de velación, en lo que se ha constituido el sepelio exprés por el tema del coronavirus; entonces no se sabe cuánto le queda a la Clínica y con cuánto ser queda la Funeraria.

PRONUNCIAMIENTO DE LA PERSONERA

En Cartagena las IPS y la EPS están tomando decisiones con los cadáveres de pacientes sin seguir los protocolos, manifestó la Personera Distrital Carmen de Caro Meza.

Explicó la representante del Ministerio Público que se conocen  denuncias en la que han cremado cadáveres sin tener certeza que la causa del deceso sea Covid 19, además de no haber claridad en la identificación de los cadáveres.

» El Ministerio de Salud expidió una resolución donde explica sobre los procedimiento para la disposición final de cadáveres que hayan muerto de Covid; la primera de ella es que se tenga certeza que el deceso haya sido causado por esta enfermedad para luego proceder a su cremación si así lo consideran sus familiares, « explica la funcionaria, ya que además la misma circular del Ministerio de Salud habla que » preferiblemente se debe cremar», más no que sea obligación este procedimiento.

» Los administradores o gerentes de los cementerios no pueden cremar cadáveres sin previa autorización de los dolientes; de igual forma las IPS deben mantener informados a los familiares del paciente sobre la evolución del enfermo durante el tiempo de hospitalización.