ESCUCHE AQUÍ   EL CONCEPTO DEL ABOGADO HECTOR PEREZ FERNANDEZ

En reunión Convocada por el Gobernador Vicente Antonio Blel, y a la cual asistieron el Defensor del Pueblo, la Alcaldesa Turbana y varios miembros del equipo de gobierno del departamento de Bolívar, representantes asociación campesinos de Turbana, Veedurías ciudadanas, y los Abogados de los campesinos, se cumplió una audiencia aclaratoria sobre la situación que atraviesan más de 100 familias que pretenden ser expulsadas de sus tierras por la Sociedad de Activos Especiales SAE.

Con abundantes pruebas documentales entregadas a todos los funcionarios asistentes, quedó plenamente demostrado que el predio CACHENCHE, en litigio no tiene 167 hectáreas cómo alega la SAE, sino que realmente alcanza un poco menos de  60 hectáreas.

Hay que contextualizar que en el pasado personas indeterminadas mediante maniobras fraudulentas y delictuosas, aumentaron la cabida del predio, contando con la complicidad en ese momento de Notarías, Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, Agustín Codazzi, etc, lo cual quedó plenamente establecido, razón por la cual ante tanta confusión el Gobernador Blel convocará una nueva reunión con presencia del director nacional de la SAE, Gobierno funcionarios competentes del nacional, y otros, para revisar toda la información, y que se respeten los derechos fundamentales de los campesinos, que se encuentren dentro de la verdadera ubicación y cabida del predio.

CONCLUSIÓN

Gobernación de Bolívar, Defensor del Pueblo y Alcaldía de Turbana, trabajarán de la mano con los campesinos afectados, para que se respeten sus derechos.

ILEGALIDADES

El predio CACHENCHE  lo entregó ilegalmente la SAE a la inmobiliaria de Medellín Bustamante & Vázquez, esta lo puso en arriendo el 20 de enero/2021 en $44 millones mensuales, y el 8 de febrero fue bajado de precio  a $12 millones mensuales, el cual intentan arrendar un grupo de inversionistas para instalar allí una zona franca comercial e industrial.

Igualmente se ha descubierto que la SAE firmó ilegalmente en diciembre de 2018 una servidumbre por $2.100 millones de pesos, con la firma PROMIGAS para meter un tubo de gas en 20 mil  metros (2 Hectáreas),pero la escritura fue devuelta por oficina de registro para corregir, sin embargo esa corrección solo la hicieron el 20 de octubre de 2020 y fueron registradas ambas escrituras el 12 diciembre de 2020,pero  a pesar de ello, y sin haberse protocolizado el proceso de servidumbre  PROMIGAS enterró los tubos desde 2018 sin estar legalmente permitido, y no lo hizo en dos hectáreas sino en 80 aproximadamente.