Opinion

Fecha de publicación: Domingo, 04 de Septiembre de 2022 Hora: 07:38:44

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LA PRESENTE COLUMNA NO REFLEJA EL PENSAMIENTO GENERAL DE ESTE PORTAL DE NOTICIAS,  SON CONCEPTOS NETAMENTE PERSONALES DEL ESCRITOR

 

Por VICTOR ESQUIVIA POLO

 

En referencia a los parques de la ciudad, se detectaron en el pasado casos en los que se observaban expendios de bebidas alcohólicas apostadas con sillas y mesas a su alrededor, algunos, en el peor de los casos, terminaron siendo denunciados incluso, por la venta de drogas ilícitas y contaminación auditiva.

 

Vale anotar que todo ello acontece desde el mismo momento en que las JAC como organizaciones de base legalmente constituidas, las autoridades competentes y los mismos ciudadanos, permiten que personas particulares empiecen a explotar comercialmente y para su propio usufructo, algo que por ley y por su propia naturaleza, representa un espacio de  aprovechamiento comunitario para usarlo dentro de una estancia de disfrute general en el que se involucre la familia, los intercambios culturales, los juegos, el esparcimiento y la recreación infantil entre otros.

 

 

Las administraciones de turno deberían tener claro que las Juntas de Acción Comunal de los diferentes barrios en su conjunto, son un motor de desarrollo social y una administradora de proyectos que propende por la defensa del interés general y en razón a ello, se convierten en los ojos y oídos del alcalde local; en torno a ello, deberían ser más consecuentes y prestar atención a sus advertencias.

 

 

La mala experiencia del barrio San Pedro en torno a su parque lineal, hoy afortunadamente recuperado, es una historia que no se debería repetir, no obstante, hoy por hoy, son muchas las JAC que dan cuenta de quejas a través de las cuales y en torno a la prevención, advierten acerca de ese tipo de situaciones; desafortunadamente y en la gran mayoría de los casos, estas se estancan en los despachos de funcionarios encargados de esos temas.

 

 

Resultan muchos casos conocidos de cuyos espacios, habiendo sido concebidos como zonas infantiles, fueron tema de invasión utilizados para la venta de empanadas, desayunos, almuerzos y bebidas, cuyos propietarios llegaron a reconocer de acuerdo a sus propios testimonios, que contaban con el apoyo de servidores públicos y hasta alegaron haber sido asesorados por brigadistas de espacio público para que enviaran firmas al alcalde mayor y de esa forma tener garantías en alusión al derecho al trabajo.

 

 

Teniendo en cuenta que el artículo 82 de la C.P.

determina la obligación del estado para velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, resulta un total desafuero que sean servidores y funcionarios públicos quienes presuntamente patrocinen la invasión y explotación comercial de estos sitios en consideración a gratitudes de tipo político.

 

 

En torno a ello, resultaría muy sano que cualquier administración que verdaderamente desee hacer de Cartagena una ciudad ordenada, pueda y se pueda  determinar quiénes son las personas o instituciones que influyen desde lo público en la invasión de los espacios públicos y aplicar los correspondientes correctivos.

 

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