Opinion

Fecha de publicación: Miercoles, 30 de Octubre de 2019 Hora: 09:16:22

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Por URIEL ÁNGEL PÉREZ MÁRQUEZ

El funcionamiento de la Administración pública no se detiene.

Ni siquiera el más feroz de los procesos electorales sirve de excusa para suspender o generar traumatismo en la función de satisfacer las necesidades de los asociados.

Por esta razón, la herramienta que el legislador ha diseñado, más concretamente según lo estipulado en los artículos 1 a 4 de la Ley 951 de 2005, y que los Departamentos Nacionales de Planeación y Función Pública, junto con la Procuraduría General de la Nación, han venido reglamentando y explicando a las administraciones salientes y entrantes, se concentra en el llamado ‘proceso de empalme’.

Empecemos por recordar que se trata de un proceso obligatorio, de un deber, lo que necesariamente implica que su desconocimiento deviene en delito, falta disciplinaria y en juicio de responsabilidad fiscal.

A grandes rasgos, el empalme corresponde a un ejercicio coordinado entre la administración saliente y la entrante para establecer el estado de cosas reales al interior de una entidad territorial; y empieza desde el día siguiente a la elección del nuevo mandatario; el mismo se inicia con una etapa de preparación de insumos y de información, luego dan a conocer las actividades que se deben ejecutar para realizar el ejercicio de empalme, propiamente dicho; finalmente brinda los lineamientos para la utilización y aprovechamiento de la información recibida.

Algunos de los aspectos más relevantes que se deben abordar en el empalme son: el estado de seguridad de archivos, claves de ingreso a sistemas informativos y/o aplicativos a efectos de reportar información a entidades de orden nacional o de operación de los sistemas internos de la organización; toda la información contractual de la entidad; información presupuestal, estados financieros y proyectos aprobados a ejecutar, diferenciando el presupuesto del informe contable; relación clara y detallada de las obligaciones (pasivos) y estado de la deuda de la gobernación o municipio; relación de procesos vigentes de responsabilidad fiscal, disciplinaria y de aquellos procesos judiciales y/o administrativos en los que la Gobernación, Distrito o Municipio sea parte; información en capítulo especial sobre la gestión de la entidad territorial en materia de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado; entre otros (tomado del Concepto 43261 de 2019, del Departamento Nacional de la Función Pública).

Una de las virtudes más relevantes que tiene este proceso es que, indudablemente, sirve de punto de partida real, concreto y técnico para construir un plan de desarrollo que se ajuste al contexto y que permita continuar con los programas, planes y proyectos que vienen funcionando bien y redireccionar las aristas que de una u otra forma vengan presentando dificultades.

Además, blinda a las administraciones saliente y entrante de cualquier reparo o duda que pueda generarse, siempre y cuando se dejen todas las constancias en el Acta de Informe de Gestión.

 

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