Opinion

Fecha de publicación: Martes, 15 de Octubre de 2019 Hora: 10:05:23

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Por: SENEN JARABA COLON – Abogado Litigante

 

El Estado Colombiano—tanto en lo institucional como en lo jurídico— nace bajo una concepción de Estado de derecho.

En la actual concepción de Estado se le reconocen derechos sociales básicos a la ciudadanía, tales como: salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo; en un marco regulatorio constitucional y legal que prevé los medios, vías e instrumentos a través de los cuales pueden materializarse los mismos.

Teniendo claro esto, en Colombia se destaca la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, mediante la cual se expide el Código de Infancia y la Adolescencia, cuyo objeto es “establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizarles el ejercicio de sus derechos entre otras“.

Dentro de dicha normativa se establece el principio de corresponsabilidad en su artículo 10 que en su párrafo segundo determina -La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la Comisaría de Familia permanente nocturna llegan veinte (20) menores de edad, quince (15) de nacionalidad Venezolana y cinco (5) Colombianos a quienes se le vulneran sus derechos.

Lo lamentable del hecho, no es la vulneración de los derechos de estos menores ya que para eso están los Comisarios de Familia, para hacerlos valer, sino, la re- victimización de los mismos por parte del distrito no siendo consecuentes con el principio de corresponsabilidad atendiendo de forma oportuna las necesidades a las que se ven abocados los niñas, niñas y adolescentes (NNA); Se evidencia que por parte del distrito existe una total desidia y una completa paquidermia al momento de tomar acciones encaminadas a facilitar las herramientas a los Comisarios de Familia para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Aunado a lo antes mencionado, el ICBF no genera el apoyo respectivo en aras de ejercer una colaboración armónica entre entidades descentralizadas cuando de gestionar los cupos se trata ya que fuentes muy cercanas manifiestan que los funcionarios de dicha entidad apagan los celulares para no realizar la atención, orientación y apoyo correspondiente.

Todo lo anterior conlleva a un total hacinamiento de los menores en las instalaciones de la Comisaría de Familia permanente nocturna en la que se evidencia la falta de compromiso del distrito y las condiciones deplorables y paupérrimas en las que se tienen a los NNA a los que se les debe garantizar sus derechos.

 

 

 

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