Un nuevo escándalo, que palidece a todos los demás, quedó al descubierto el pasado fin de semana, cuando se conocieron los resultados de la investigación periodística adelantada por la Revista Semana, y en la cual se denuncian una secuencia de chuzadas e interceptaciones telefónicas, a los magistrados que investigan el caso del senador Álvaro Uribe, al igual que seguimientos, vigilancia y hostigamientos  por unidades de inteligencia a sus periodistas.

Dice semana en su página WEB y e su edición impresa que circula desde hoy, que el viernes 27 de diciembre, cuando la mayoría de los colombianos disfrutaban de las vacaciones de fin de año, el presidente Iván Duque hizo un sorpresivo anuncio; En una rueda de prensa acompañado por la cúpula militar, dijo que el general Martínez dejaba el cargo por razones personales, y  sin entrar en detalles, agradeció sus 38 años de servicio y anunció como nuevo comandante del Ejército a Eduardo Zapateiro, uno de los oficiales más respetados de la institución.

Aunque la noticia no tuvo mucho vuelo por las festividades navideñas, muchos colombianos no le dieron crédito a las razones de su salida debido a que Martínez estuvo en el ojo del huracán todo el año. Pero el país no sabía que detrás de la decisión estaba uno de los escándalos más sensibles que podía afectar al Ejército y salpicar de paso al Gobierno Nacional.

Consciente de esta situación, el recién posesionado ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, encendió las alarmas y ordenó una investigación interna pocos días antes de Navidad.

¿Cuál era el tema que tenía tan preocupados al ministro, las Fuerzas Militares y a algunas agencias de inteligencia? ¿Cuál fue la verdadera razón de la salida del general Nicacio Martínez? SEMANA revela la historia.

Agrega Semana Inteligencia para combatir las disidencias de las FARC, las bandas criminales y las amenazas extranjeras. Sin embargo, algunas unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas.

Después del escándalo de las chuzadas del DAS hace casi un década, y la aprobación de la Ley de inteligencia, cualquiera pensaría que esas prácticas habían quedado desterradas o al menos reducidas a su mínima expresión; Sin embargo agrega en us denuncias  SEMANA, que tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas que demuestran que las chuzadas ilegales siguieron –al menos el año pasado- más vivas que nunca.

El primer indicio de que algo andaba mal llegó a oídos de los organismos de inteligencia estadounidenses; Estos habían donado un par de sofisticados equipos técnicos, pero empezaron a recibir información según la cual algunos militares los estaban usando para fines ilegales; Y que algunos apoyos económicos para pagar fuentes que pudieran entregar valiosa información terminaban en los bolsillos de algunos oficiales. “Empezamos a notar que nos estaban pidiendo más dinero del habitual con el pretexto de conseguir fuentes de mucho interés.

Sin embargo, nos dimos cuenta que estaban bajando la información de internet”, le dijo a SEMANA un integrante de inteligencia extranjera que lleva más de dos años en Colombia.

Uno de los militares que trabaja en un batallón de ciberinteligencia lo confirmó: “Acá se empezó a hacer lo que se hacía en otras unidades de inteligencia como la Rimec.

Se creaban informes falsos, basados en fuentes que no existían para conseguir unos recursos que se repartían entre los mandos”. Según este oficial, estas malas prácticas siguen debido a que, a pesar de las denuncias, la justicia y los entes de control nunca han actuado.

Por ejemplo, quedó en la impunidad el episodio de la Operación Andrómeda denunciada por SEMANA hace cinco años, cuando un grupo de inteligencia del Ejército utilizó una fachada en el segundo piso de un restaurante en el barrio Galerías para interceptar a los negociadores de paz.

A pesar de que en esa ocasión la Fiscalía allanó el lugar e incautó los equipos, sus investigaciones no prosperaron.

A diferencia de entonces, las chuzadas ilegales del último año han tenido lugar desde las propias instalaciones de dos guarniciones militares, como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación