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Fecha de publicación: Domingo, 22 de Septiembre de 2019 Hora: 08:16:57

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Como dice el refrán popular “No le tires piedra a tu vecino si tienes ventanas de vidrio”, a Sergio Londoño Zurek candidato del partido santista Colombia Renaciente, también lo pusieron a tomar el trago amargo de la misma botella del que le han querido dar a Yolanda Wong y a William García, candidatos que gozan del favoritismo popular.

Por la firma de un contrato cuyo valor anualmente superaba los 3600 millones de pesos, viene siendo investigado el exdirector de la agencia presidencial de cooperación internacional, exalcalde encargado y ahora aspirante a este mismo cargo en Cartagena, Sergio Londoño Zurek.

La investigación que se espera tenga la misma celeridad por parte de los cinco fiscales de la unidad de delitos contra la administración pública obedece a una una denuncia interpuesta ante el ente acusador  por una veeduria de esta ciudad, la cual, hallo irregularidades al momento de la firma del contrato entre el distrito y la firma propietaria del inmueble, para la ubicación de oficinas públicas como secretarias y dependencias descentralizadas.

Se precisa en la denuncia, que el contrato fue firmado por el distrito antes de la entrada en vigencia de la llamada ley de garantías en enero de 2018 y las oficinas en mención solo se trasladaron a finales del mes de marzo, es decir dos meses después de la fecha pactada inicialmente, con el agravante que les cancelaron a la inmobiliaria los pagos por los meses de febrero y marzo de 2018.

Se ha podido establecer, que contra Londoño Zurek también cursan varias investigaciones por delitos como concierto para delinquir y contratación sin el lleno de los requisitos legales,  procesos que están radicados en 4 fiscalías de la Unidad de delitos contra la administración pública y en los próximas días estaría siendo llamado a rendir indagatoria, por esta situación.

A este proceso en la Fiscalía contra Londoño Zurek, se le suma el disciplinario que adelanta la Procuraduría delegada para la Economía y Hacienda pública, por haber presuntamente firmado órdenes de prestación de servicios en marzo de 2018, cuando se encontraba en vigencia la ley de garantías electorales.

 

 

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