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Fecha de publicación: Lunes, 29 de Junio de 2020 Hora: 08:59:08

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Tal como ha ocurrido en todas  las guerras de Estados Unidos, cuando su ejército o marines entraban a diferentes poblaciones en conflictos, solo dejaban  cientos de casos de violaciones y ultrajes a niñas y jóvenes inocentes, en Colombia el ejército nacional se ha vuelto una constante la misma situación que llama a preguntarse si tenemos un ejército de valientes soldados o degenerados violadores.

 

Ayer lunes se conoció el que sería un nuevo caso de abuso sexual por parte de militares a una menor de edad indígena, esta vez en el departamento de Guaviare.

Este hecho, que ya reportó el Ejército ocurrió en septiembre del 2019, y se suma al que ocurrió la semana pasada en el corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda, en el que siete soldados violaron a una niña EMBERA CHAMÍ, y donde también están involucrados tres suboficiales.

 

En un comunicado el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, Unidad adscrita a la Cuarta División, lamentó el abuso sexual a la menor en Guaviare, que involucra a militares, y dijo que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido "el Batallón de Infantería N.

19 general Joaquín París inició la indagación disciplinaria".

Este proceso disciplinario fue pedido, en poder preferente, por la  Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos de este año, y según indicó el Ejército, la entrega del caso al Ministerio Público está en trámite; mientras que la investigación penal de este caso es adelantada por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare.

El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva añadió que han prestado toda la colaboración y atendido todos los requerimientos de las autoridades judiciales y entidades de control, en el desarrollo de sus investigaciones y procedimientos.

 

El Ejército concluyó diciendo que rechazan las agresiones contra niños y que por ello  "en desarrollo de las investigaciones se adoptarán de forma inmediata las acciones a que haya lugar, con la mayor severidad y conforme a la ley".

No obstante, como esa pena no está reglamentada, no puede aplicarse aún; En el caso de la menor EMBERA CHAMÍ violada por siete militares en Risaralda, el pasado 21 de junio, los uniformados que ya aceptaron cargos se enfrentan a condenas de hasta 30 años de cárcel.

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