El Presidente de la Concesión Vial de Cartagena, René Osorio Cruz, salió al frente de las declaraciones emitidas por un grupo de ciudadanos o veedores cívicos que estarían mintiendo y engañando sobre la realidad del funcionamiento de los peajes, anunciando un supuesto desmonte de los mismos mediante una presunta solicitud elevada ante la Procuraduría General de la Nación.


En dialogo FRENTE A FRENTE, Osorio Cruz manifestó “ Hago un llamado a la ciudadanía desprevenida para que no se deje manipular por estos veedores que desconocen deliberadamente todos los argumentos jurídicos existentes, con el solo propósito de promover el caos, la desinformación y la temeridad, y frente a ello en la Concesión Vial ya estamos estudiando los mecanismos legales para poner en contención a tantos abusos del derecho de participación ciudadana y del control social”.


Según las declaraciones del alto directivo de Convial, las personas que agitan las banderas contra los peajes urbanos de Cartagena, plantean un discurso que no se enmarca dentro de la legalidad de sus pretensiones de ver finalizado el contrato, muy a pesar que no se configuran las causales establecidas en las normas vigentes para que ello ocurra, además su ultimo requerimiento al Procurador General es absolutamente especulativo, ya que el Articulo 160 del código disciplinario único, establece que el jefe del ministerio público, en el caso cuando se adelanten diligencias disciplinarias podrá solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se está defraudando al patrimonio público, lo cual no se está configurando en ninguna parte.


COSA JUZGADA
En su entrevista concedida FRENTE A FRENTE, René Osorio Cruz, presidente de la Concesión Vial, afirmó que se trata de nociones elementales de finanzas que desafortunadamente los señores veedores, se empecinan en desconocer, pero sobre las cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad judicial respectiva, que hizo tránsito a “cosa juzgada” en el campo de la jurisdicción contenciosa administrativa, producto ello de un dictamen pericial, y apoyándose en un concepto de la Procuraduría General de la Nación, que resolvió en una sentencia hoy ejecutoriada, que el contrato está legalmente celebrado, y que la tasa interna de retorno TIR del 17.22 % es el eje de la balanza de las cargas entre las partes o extremos contractuales, y además es el modelo que se pactó.


Recordó René Osorio, que es muy tozudo por parte de los veedores seguir insistiendo en vincular a la Concesión Vial con un informe de auditoría de la Contraloría Distrital, ya que su legitimidad está en entredicho por las denuncias de corrupción de los funcionarios que elaboraron dicho informe, y no es ningún documento vinculante ni una herramienta de coadministración, como tampoco puede convertirse en el sustrato de la nulidad de un contrato estatal.


Finalmente, precisa Convial que asalta una pregunta obligada, ¿Por qué los veedores le dan el valor de definitivo y vinculante al informe de auditoría de la Contraloría Distrital, y no así a un fallo judicial, a los informes de la supervisión, a las auditorias anteriores del mismo ente distrital y general así como tampoco espera que se falle el proceso de responsabilidad fiscal?
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