DECLARACION DEL CORONEL ELVER ACOSTA DIRECTOR DEL GAULA

• Una pareja dirigiría una red delincuencial que desde una vivienda en la localidad de Bosa (Bogotá) habría creado una central telefónica para ejecutar en múltiples crímenes.

• Otras víctimas fueron comerciantes, taxistas, docentes, gremios mineros, ganaderos y cafeteros, entre muchos otros, afectados por delitos como: hurto, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

La priorización de investigaciones contra la extorsión permitió que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, impactara 12 organizaciones ilegales que delinquen en Atlántico, Quindío, Risaralda, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, BOLÍVAR, Cundinamarca, Chocó, Meta, La Guajira, Santander, Tolima y Cesar; además de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá.

El trabajo coordinado con el Gaula de la Policía Nacional posibilitó la captura de 143 personas, varios de ellos presuntamente, integrantes de los grupos ilegales como ‘LOS TROCADEROS’, ‘LOS RC’, ‘LOS PORRAS’, ‘CLAN DEL GOLFO’, ‘LA TERRAZA’ ‘COSTEÑOS LOS ROBLES’, ‘LOS FRONTERA’, ‘LOS DE LA TORRE’, ‘LOS GALLEROS’, entre otros.

Labores de policía judicial determinaron que mediante modalidades delictivas como ‘tíotía’ eran extorsionados cientos de ciudadanos, generando millonarios recursos para las redes de crimen; Otras víctimas serían comerciantes, taxistas, docentes, gremios mineros, ganaderos y cafeteros, entre muchos otros afectados por delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado, so pena de ser asesinados o secuestrados.

El material probatorio aportado por los fiscales Gaula de las diferentes seccionales permitió que todos los procesados fueran judicializados.

Cuatro menores de edad estarían implicados en la comisión de los delitos.

CALL CENTER O TELEFONISTAS

Uno de los casos que llamó la atención de las autoridades fue: ‘Call center’ o ‘Telefonistas’, una organización ilegal de la que harían parte 7 mujeres y 2 hombres; la investigación determinó que la red criminal sería comandada por una pareja que, al parecer, creó un centro de llamadas en el barrio Piamonte de la localidad de Bosa, sur de la capital del país, y  desde allí contactarían a decenas de ciudadanos a quienes intimidaban con falsos procesos judiciales.

También, tratarían de vincular a sus víctimas en falsas investigaciones relacionadas con delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (sexting); asimismo, intimidaban mediante la suplantación de autoridades con supuestas órdenes de captura, la cual sería evitada únicamente con el pago de altas sumas; o difundidas en redes sociales en los que serían expuestos como abusadores de menores; de esta forma, habría reunido millonarias rentas ilegales.

Las denuncias instauradas permitieron documentar múltiples eventos y determinar que los pagos ilícitos recibidos por esta organización podrían alcanzar los 15 millones de pesos al día; los procesados fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tentativa de extorsión agravada.

CLAN DEL GOLFO

En Cartagena fueron judicializados 18 presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo; y  entre los investigados está ALIAS YULITO, actualmente privado de la libertad, y quien sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión; esta investigación evidenció que los procesados, al parecer, coordinaban cobros extorsivos y homicidios en la modalidad de sicariato para el aparente control territorial de cara a la comercialización de estupefacientes y el dominio de las rutas del transporte y salida de cargamentos de sustancias ilegales.

BANDA OLIMPO

Cuatro personas, que harían parte de la organización delincuencial Olimpo, fueron capturadas en Risaralda; las investigaciones evidenciaron que los procesados habrían incurrido en los llamados préstamos ‘gota a gota’, ya que los investigados, al parecer, prestaban dinero a hombres y mujeres de bajos recursos a quienes obligaban a pagar intereses de hasta el 25 por ciento; los ciudadanos que recurrían a estas modalidades de crédito; además, debían reconocer un impuesto que sobrepasaba por mucho el monto adquirido; de manera violenta ingresaban a las viviendas de las víctimas para llevarse sus pertenencias, como parte de pago de las deudas.

La fiscalía tiene documentados varios casos en los que consta que familias enteras debieron abandonar sus hogares por orden de la red criminal, so pena de ser asesinados, y por estos hechos los investigados fueron judicializados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado y extorsión.