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Por: JHOANA MILENA JARABA MENDOZA- Abogada Especialista

Candidata Magister

 

 

En un sistema judicial ideal, la justicia debería ser el pilar fundamental sobre el cual se construye una sociedad equitativa; sin embargo, en la praxis, muchas veces nos encontramos con operadores que imparten justicia que parecen haber olvidado el verdadero significado de su rol.

 

 

La arrogancia judicial, manifestada en sentencias injustas, no solo afecta a las partes involucradas, sino, que socava la confianza pública en el sistema judicial.

 

 

Una persona que imparte justicia (juez, magistrado u operador disciplinario) debe ser imparcial, equitativo, justo y estar siempre dispuesto a escuchar a las partes con mente abierta, franca e imparcial.

 

 

Sin embargo, actualmente existe una creciente percepción de que algunas personas que imparten justicia, por su rol e importancia en la sociedad se consideran infalibles, es como si el título de juez, magistrado u operador disciplinario, sumado a la toga, les otorgara un conocimiento superior e incuestionable; y este tipo de actitud no solo es peligrosa y abiertamente lesiva para la balanza de la justicia, sino que también, puede conducir a decisiones judiciales profundamente erróneas.

 

 

Las consecuencias de estas sentencias injustas son devastadoras: Imaginemos a un ciudadano común, enfrentando un litigio en el que la balanza de la justicia debería estar equilibrada y la persona encargada de impartir justicia, en su desmedida arrogancia y prepotencia, dicta una sentencia sin considerar adecuadamente los hechos o las pruebas presentadas, de facto, se está cometiendo una injusticia flagrante incluso rayando en el campo de lo penal frente a un posible prevaricato y es ahí, en este punto cuando el ciudadano no solo pierde su caso, sino, que también pierde la fe en el sistema que debería protegerlo.

 

 

La arrogancia judicial se manifiesta de diversas maneras: desde desestimar pruebas cruciales, pasando por emitir veredictos apresurados, hasta mostrar un evidente sesgo hacia una de las partes; por lo cual estas acciones revelan una falta de profesionalismo y la ausencia de la humildad necesaria para admitir que incluso los más altos togados pueden cometer errores.

 

Es esencial que se implementen mecanismos efectivos de supervisión y evaluación del desempeño judicial; la conciencia de impartir justicia debe ser libre de apremio y sesgos innecesarios, y ser conscientes de que su autoridad no los hace omnipotentes, sino responsables ante la sociedad.

 

 

La formación continua, la revisión de sentencias y un sistema transparente de quejas y apelaciones son medidas necesarias para mitigar los efectos de la arrogancia judicial.

 

 

En este contexto, resulta de vital importancia que la sociedad se mantenga vigilante y exija rendición de cuentas; por ello la justicia no puede ser ciega a las injusticias cometidas en su nombre, precisamente, es ciega frente a la imparcialidad, honestidad y trasparencia con que debe ser impartida.

 

 

Los ciudadanos deben sentirse empoderados para denunciar las sentencias injustas y luchar por un sistema judicial que realmente represente los valores de equidad y justicia.

 

 

En conclusión; y es algo que está pasando actualmente, la arrogancia de algunos funcionarios que imparten justicia y aplican el derecho pone en riesgo la integridad del sistema judicial;  la justicia no debe ser del dominio de unos pocos que se creen infalibles, sino, un derecho fundamental de todos los ciudadanos.

 

Es hora de enfrentar esta realidad y trabajar juntos para garantizar que la justicia sea verdaderamente justa.

 

 

 

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