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Fecha de publicación: Miercoles, 26 de Enero de 2022 Hora: 06:10:47

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Las empresas de electricidad Aire y Afinia está enfrentando una ola de quejas por usuarios que recibieron facturas con valores irregulares, mientras que la Superintendente de Servicios públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño parece encontrarse defendiendo los intereses de estas empresas, dejando desprotegidos a los usuarios, según las denuncias hechas al Portal INFOBAE COLOMBIA.

Un usuario de Twitter publicó que la empresa Aire, que proporciona el servicio de electricidad en el departamento del Atlántico, le emitió una factura por más de un millón de pesos por el consumo de enero, que todavía no ha terminado, y cuya fecha límite está estipulada para el 22 de febrero entrante.

Él no fue el único sorprendido por una factura costosa; la emisora Alerta Caribe denunció varios casos de habitantes de un sector pobre de Montería, en el departamento de Córdoba, que recibieron facturas sobre los 700 mil pesos.

Un caso insólito es el de la señora Yuberney Ruiz, cuyo recibo asciende a los siete millones de pesos.

 

Esto le dijo la señora Ruiz a la emisora sobre su recibo de Afinia:

“Estoy muy preocupada porque me llegó el recibo por siete millones de pesos y no tengo esa plata para pagarla y Afinia no se ha reportado para que solucione ese problema de los contadores porque están arriba y la idea es que en cada casa instalen uno”

 

Incluso el senador Armando Benedetti se quejó de los absurdos precios.

Repudiable que los barranquilleros estemos padeciendo las tarifas de energía más altas de la historia.

¿Cuánto más vamos a permitir que los piratas y las bandidas de los servicios públicos nos apliquen estas tarifas extorsivas? Parecemos pagando una ‘vacuna’ a una banda criminal.

¿Por qué está cara la energía?

La explicación que da la empresa Air-e para estas alzas es una suma de factores como el costo de los combustibles, la tasa de cambio desfavorable y la inflación.

Además, según ellos, las pérdidas de energía se incluyen en las facturas desde agosto pasado; es decir, los consumidores legales están pagando por la electricidad robada.

 

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