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Fecha de publicación: Miercoles, 16 de Junio de 2021 Hora: 08:11:58

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Hace dos noche, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley con el cual se reglamenta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños; la iniciativa tuvo el apoyo de 67 senadores y la negativa de otros 14, ahora, la iniciativa gubernamental  pasará a sanción del presidente Iván Duque para que pueda ser utilizada en Colombia.

 

El proyecto de ley, autoría del  Ministerio de Justicia,   reglamenta tres elementos de la reforma constitucional con la que se creó la prisión perpetua: su condición excepcional, el control automático de la pena ante el superior jerárquico-doble conformidad y la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años, según lo afirma la publicación ASUNTOS LEGALES.

 

“El proyecto reglamentario de la prisión perpetua tuvo en cuenta el espíritu del constituyente derivado que genera una exigencia al Estado y a la sociedad de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de los demás; esto implica que el Estado está obligado a brindar una máxima protección al grupo más vulnerable de la sociedad”, dijo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

 

Ante esto, el Ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que con este proyecto de ley se establece un estándar en la justicia y se envía un mensaje contundente a los criminales para proteger a los menores.

 

"Hoy tenemos una noticia histórica para el país, que no solamente el esfuerzo que ya había hecho el Congreso de la República en modificar la Constitución de Colombia para darle un mensaje a los criminales y en defensa de los niños hoy haya surtido un proceso más que lo vuelve ahora sí ley reglamentaria; y hará una realidad que quienes abusen de nuestros niños y niñas, de quienes le quiten la vida a lo más protegido y sagrado de nuestro país, pagarán con el castigo más alto que esta nación podrá dar, la cárcel de por vida", dijo Palacios.

 

El ministro Ruiz anotó que la reglamentación de la prisión perpetua no anula las funciones de la pena que establece el Código Penal de prevención general, prevención específica, retribución justa y resocialización, para evitar una revictimización de las víctimas, sus familias y la sociedad misma.

 

 

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