Cuando quedó al descubierto un gigantesco mico en un proyecto de ley impulsado en el congreso que eliminaba de un tajo la LEY 600 por la cual se han juzgado a muchos congresistas por parapolítica, el presidente Iván Duque los premia ahora firmando en las últimas horas el decreto 1265 de 2019, a través del que “se reajusta la asignación mensual para los miembros del Congreso de la República”.

El acto administrativo señala que el salario que reciben los congresistas aumentará, para 2019, en 4,5 % y que este se hará efectivo desde el primero de enero de este año.

“Las oficinas de pagaduría de la honorable Cámara de Representantes y del honorable Senado de la República expedirán la certificación detallada de los emolumentos que, en virtud del reajuste salarial fijado en el presente decreto, devenguen los miembros del Congreso para la vigencia fiscal del presente año”, dice el decreto.

Con el aumento, la asignación mensual que reciben los congresistas sería de $ 32’741.755, que corresponde a 39,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que se dividen en una asignación básica, la prima de servicios y los gastos de representación.

El conocimiento del reajuste del salario de los congresistas, como es común, ha generado críticas de los ciudadanos en las redes sociales y muchos recuerdan que uno de los puntos de consulta anticorrupción que se realizó en agosto de 2018, pero que no consiguió los votos necesarios para convertirse en mandato obligatorio, era la reducción del salario de congresistas y de servidores públicos a máximo 25 salario mínimos mensuales legales vigentes.

Si la consulta se hubiese aprobado, el Gobierno Nacional y el Estado, en general, tendrían el mandato ciudadano obligatorio de reformar las normas para que todos los congresistas quedaran con un salario de unos $ 20’700.000, es decir, más de $ 10 millones menos de lo que hoy se ganan por legislar en favor de ellos mismos o de sus amigos y familiares.