Gran expectativa existe desde el pasado 20 de septiembre, cuando la Central de Inversiones SA (CISA) abrió la posibilidad de que cualquier ciudadano presente una oferta para comprar un lujoso terreno al norte de Cartagena llamado Lagos de Altamira, una finca subdividida en ocho predios diferentes, con salida directa al mar y con playa que cuenta con una historia bastante particular al haber pertenecido años atrás a uno de los más importantes testaferros del Cártel del Norte del Valle, conocido popularmente como el Cártel de los Sapos gracias a la popular novela de Andrés López, y así lo precisa el portal de Noticias las 2 orillas.

Este predio, ubicado en el sector del corregimiento de Arroyo de Piedra, fue adquirido en los años 80 por Víctor Daniel González Reina, un hombre al que se le demostraron vínculos con Iván Urdinola Grajales, creador junto con Orlando Henao, mejor conocido como el hombre del overol, de la sangrienta organización criminal que atemorizó al país a finales del siglo pasado y comienzos de este; Los bienes de este capo del Norte del Valle alcanzaban un valor de 205 millones de dólares cuando se decretó en el 2013 la extinción de dominio.

Una exhaustiva operación llamada “República 94 Fase V” que fue llevada a cabo por el Grupo de Investigación Criminal de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, por la Unidad Nacional de Extinción del Dominio y Contra Lavado de Activos de la Fiscalía y por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) dio lugar a que se demostrara que González había comprado estos predios con la única intención de blanquear dinero obtenido de manera ilegal a través del conglomerado de empresas Grajales, en cabeza de Raúl Alberto Grajales y Lorena Henao, quien fuera la pareja de Urdinola.

Esto permitió que Lagos de Altamira fuera incautado en 2013 años como parte del paquete de predios que pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que hoy es dirigida por el también ministro de Educación, Daniel Rojas  quien, después de una década, finalmente lo puso en venta a través del CISA, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que tiene un contrato suscrito para comercializar los inmuebles administrados por la SAE y que está en cabeza de Nicolás Corso, persona de toda la confianza del presidente con quien trabajó en la Alcaldía de Bogotá; El aviso de la venta de Lagos de Altamira apareció en medios impresos y el gobierno parece estar dispuesto a venderlo al mejor postor.