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Anoche se conoció extraoficialmente que por mandamiento judicial, ante una acción presentada desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habrían sido embargados varios vehículos de uso institucional de la Alcaldía de Cartagena y otras dependencias distritales.
La inusual medida la tomaron los abogados del ICBF y el despacho judicial, ante la negativa del gobierno distrital en cancelar a la entidad nacional, las cuotas o aportes obligatorios.
Reveló la fuente informativa, que ayer mismo condujeron a un patio judicial la camioneta del Director del DAT y una de las camionetas al servicio del Alcalde DAU, además de haber sido embargadas algunas cuentas en la tesorería distrital y Secretaría de Hacienda, ya que al parecer el pago de esas obligaciones parafiscales no se han cumplido en más de un año.
De acuerdo con la normatividad vigente, los aportes parafiscales se liquidan en la proporción del 9% del valor de la nómina de trabajadores que destine un empleador, el cual se encuentra fragmentado en su destinación a una proporción de un 4% para cajas de compensación, el 3 % al ICBF y el 2% restante al SENA.
Los recursos que financian a esta entidad provienen del aporte que hace toda empresa o empleador obligado a pagar aportes parafiscales, y este aporte es equivalente al 3% del salario de cada trabajador.
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