Muy a pesar de que las organizaciones periodísticas, constantemente pregonan la defensa a la libertad de prensa en todo el mundo, y que el ejercicio de ésta profesión está considerado de alto riesgo, el poder judicial nuevamente at5enta con un golpe certero contra el “cuarto poder”, al dar vía libre mediante un concepto que cualquier juez puede negar la entrada de los Periodistas a las audiencias públicas de cualquier tipo.

Ante este sorpresivo y absurdo concepto el abogado ERICK URUETA presidente de la Veeduría de la rama judicial en Cartagena  conceptuó que esto es un atentado contra el derecho a la libertad de informar señalando que es importante debatir en el seno de las organizaciones periodísticas esta situación que podría estar amenazando la libertad de prensa toda vez que la mayoría de las audiencias son de carácter público, salvo casos especiales que son entendibles.

La Corte Suprema de Justicia aseguró que los jueces sí pueden negar la entrada de Periodistas a las audiencias judiciales, ya que según  el alto tribunal, el Código de Procedimiento Penal faculta a los jueces para restringir la publicidad de los procesos judiciales y el derecho a la información. 

Según la Corte, esos derechos pueden ser restringidos cuando estén amenazados el orden público o la seguridad nacional, así como la moralidad pública.

También cuando un proceso judicial involucra a un menor de edad, o cuando los intereses de la justicia se ven perjudicados o amenazados por la publicidad del proceso judicial; además, las audiencias pueden ser restringidas cuando esté en riesgo la vida o integridad de los testigos, o alguna de las partes del proceso.  

Conoció FRENTE A FRENTE, que la Corte Suprema hizo tal afirmación al pronunciarse sobre una tutela presentada por un grupo de periodistas contra el Juzgado 22 Penal Municipal de Control de Garantías, y contra la Fiscalía 23, porque el 31 de enero de este año se les prohibió el ingreso a una audiencia judicial  que se realizó en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, después de la captura de César Augusto Ceballos, entonces director de la cárcel La Modelo de Bogotá por actos de corrupción al presuntamente recibir sumas de dinero para beneficiar a reclusos del centro penitenciario.

Con lo anterior, el poder a todos los jueces de provincia será muy superior, y podrán restringir la veeduría de dichas audiencias donde algunas veces existe interés malsano de los funcionarios judiciales, tal como ha quedado comprobado en muchos casos.

La mayoría de las veces es la misma Fiscalía en su papel de incompetentes para sostener acusaciones y ante los sospechosos y continuos vencimientos de términos, la que solicita esa prohibición, pero sin embargo cuando quieren hacer sus acostumbrados show mediáticos, entonces si acuden a los medios de comunicación para que les divulguen sus “positivos”.