El eventual regreso de Antonio Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena, tiende a dilatarse, según se desprende de indagaciones hechas FENTE A FRENTE, al más alto nivel en los estamentos judiciales que rodean los procesos en su contra, y que hacen curso en el Tribunal Administrativo de Bolívar.


Logramos averiguar que en el Consejo de Estado como máxima autoridad Contenciosa Administrativa de la nación no hay ningún proceso de nulidad por la demanda de la Procuraduría, si no la consulta en apelación de la medida cautelar que lo suspendió del cargo y que se había dilatado por los reiterados recursos y petitorios interpuestos por el demandado ante el alto tribunal que le originaron un llamado de atención al respecto.


Supo este portal de noticias, que es a la sala primera del Tribunal administrativo de Bolívar, compuesta por los Honorables Magistrados Roberto Chavarro, Luis Miguel Villalobos y José Rafael Guerrero, a quienes le corresponde fallar en primera instancia la demanda de nulidad del acto de elección de Quinto Guerra, presentada por la Procuraduría General de la Nación, la cual a su vez sería apelada y pasaría a la segunda instancia en el Consejo de Estado.


OTRAS SEIS DEMANDAS

Hay que destacar como un hecho inusual en este tipo de situaciones, la existencia de otras seis demandas en iguales términos y precisiones, pidiendo la nulidad en la elección de Quinto Guerra, y presentadas por diferentes personas naturales de la ciudad, lo cual ha dilatado una respuesta, hasta tanto no se logre la unidad de materia en términos de juridicidad, de todos los Magistrados que componen el Tribunal Administrativo de Bolívar, hay seis titulares conociendo y revisando esas demandas, para unificarlas y posteriormente emitir un fallo pleno que ponga fin a la interinidad administrativa que vive la ciudad.


EN CONTEXTO

Desde antes de su elección como alcalde de Cartagena, la Procuraduría se le atravesó a Antonio Quinto Guerra en posesión del cargo, llevando sus quejas ante los estrados judiciales, que tienen en sus manos definir si el segundo alcalde que tiene la ciudad en este periodo 2015-2020 se va definitivamente se regresa al cargo.


El procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Germán Calderón España, radicó la demanda en mención desde el pasado 22 de mayo ante el Tribunal Administrativo de Bolívar pidiendo la nulidad en el acto de elección de Quinto Guerra al considerar que está inhabilitado; para el Ministerio Publico, no podría participar en la contienda ya que celebró dos contratos con el Ministerio de Vivienda, el primero con fecha 17 de enero de 2017 por valor de 91 millones, el cual se ejecutó hasta el 30 de octubre del mismo año, y un otrosí suscrito el 31 de octubre por dos meses, por un valor de 20 millones de pesos.


La Procuraduría sustentó su demanda en el artículo 95 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 617 de 2000, donde se establece que "No podrá ser elegido alcalde quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel nacional o local, en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse en el respectivo municipio", como al parecer sucedió, según la Procuraduría.


Según el delegado del Ministerio Público, lo que se busca impedir es que se desconozcan los principios de transparencia, igualdad y equidad electoral que deben darse entre todos los candidatos; en este sentido, el funcionario del Ministerio Público dice además que el hoy alcalde tuvo una ventaja desproporcionada frente al resto de candidatos porque la ejecución de los mencionados contratos le permitió acercarse a las entidades públicas distritales y a los residentes para gestionar y lograr que la política pública en materia de agua potable y saneamiento básico se hiciera realidad.


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