Según informaciones reveladas por la W RADIO, la empresa UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS, beneficiada con un contrato por más de un billón de pesos  para instalar cerca de 7.000 puntos digitales en zonas apartadas del país, presentó tres pólizas de garantía y cumplimiento falsas, al tiempo que sacó rápidamente del país a cuentas en el extranjero un anticipo de 70 mil millones de pesos que le fue girado por el Ministerio de las Telecomunicaciones.

La situación demuestra que la corrupción en Colombia, campea al más alto nivel de ministerios como en este peculiar caso, donde el contrato, adjudicado por un billón de pesos, fue denunciado por W Radio debido a que las empresas que hacen parte de la unión temporal no contaban con la experiencia ni con la capacidad técnica y financiera para poderlo ejecutar, lo cual alertó a muchas personas, mientras se guardaba silencio por parte de los organismos de control.

Por su parte la ministra de las TIC Karen Abudinen aseguró que su cartera no permitirá que estos recursos se pierdan; “Nosotros no vamos a permitir que de los recursos del Estado para conectar a los niños de este país se pierda un solo peso”.

Abudinén señaló que haría mal en señalar quién está detrás de las irregularidades y dijo que ha pedido a la Fiscalía General de la Nación, así como a todos los entes de control, que llegue hasta las últimas consecuencias.

Lo cierto es que con un contrato de esta magnitud ha quedado claro un concierto delictivo de muchas personas dentro y fuera del ministerio para desfalcar al estado mediante un claro incumplimiento contractual, ante ello  la ministra agregó que en su cartera se han tomado medidas contundentes en este proceso: “La primera medida es declarar la caducidad del contrato y a ocho funcionarios los apartamos del proceso (...) se cambió al supervisor del contrato de manera inmediata.

(También) cambié a los funcionarios que estaban haciendo esa inspección, y control interno está haciendo una auditoría exhaustiva del tema”.

Así mismo, la ministra Abudinen se mostró sorprendida según ella, porque la empresa contratada para supervisar no pudo encontrar que la garantía no había sido expedida por el banco, Y QUE LAS GARANTIAS PRESENTADAS ERAN TOTALMENTE FALSAS; por ello, indicó que se está investigando para identificar ver en qué se falló y tomar los correctivos necesarios, al tiempo que también sostuvo que no se autorizó el segundo pago de ese contrato, a pesar que el supervisor extraña y sospechosamente lo había autorizado: “El segundo pago de este contrato el interventor lo aprobó en el marco de este proceso y nosotros paramos ese pago por 25.000 millones de pesos”.

Sobre los 70.000 millones de pesos que se desembolsaron para el primer pago a CENTROS POBLADOS, Abudinen dijo que se fueron a una fiducia fuera de Colombia para cuentas en el extranjero, mientras que el contratista aseguró que va a operar pero no puede hacerlo, porque debe presentarse en la audiencia el próximo 10 de agosto.

La ministra Abudinén aseguró a la W que está dispuesta  hasta a buscar la extinción de dominio para recuperar el último peso de los $70.000 millones que ya se desembolsaron: “Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí si es verdad que uno puede llevar hasta la última persona que se le dispersó los recursos”.

Además, subrayó la importancia de declarar la caducidad del contrato y sostuvo: “El contrato es inejecutable, hoy es como si no hubiera contrato”. Adicionalmente, se abrió un proceso contra la interventoría por incumplimiento.

“El interventor tiene oficialmente el contrato en el Ministerio porque se lo ganó.

Abrimos un proceso de incumplimiento disciplinario a la interventoría”, precisó.

También informó que tiene un contrato por 19.000 millones de pesos a 11 años.

Este contrato que fue cuestionado antes, durante y después de su adjudicación por algunos problemas con los oferentes y porque el contratista que se ganó la región B, es decir, la Unión Temporal Centros Poblados, no contaba con la experiencia para poder ejecutarlo, costó 2.1 billones de pesos; Uno de los montos más altos que se han entregado en este sector.

Según la W, se revisaron los informes disponibles de avances y seis meses después de haber entregado este contrato, su ejecución es floja, pese a recibir en febrero de este año un anticipo de 6% para el primer operador y de 7% del valor total para el segundo.

El primer operador es Comcel, esta empresa se ganó por 1.06 billones de pesos la región A, para instalar los puntos digitales en los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.