La determinación del Procurador Fernando Carrillo quien obedece a una cuota política en dicho cargo, como ha sido toda su vida y carrera profesional, parece ser no dejar gobernar al alcalde de Cartagena Antonio Quinto Guerra, de la misma forma como se le convirtió en una afilada tachuela en el zapato durante su campaña, y utiliza para ello todas las herramientas que tenga a la mano sean legales jurídicamente o no; según la interpretación de la juridicidad existente.
En los últimos días, llegó a la ciudad en medio de un show mediático apoyado por las mismas personas de siempre que no se resignaron a perder en las pasadas elecciones atípicas el procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial Germán Calderón España, quien en su condición de funcionario especial de la Procuraduría General de la Nación y continuando con el mandado, demandó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar la nulidad de la elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena.


El funcionario del ente disciplinario presentó ante el alto tribunal un documento de 29 páginas más 55 folios con supuestas pruebas documentales, donde solicitó además como medida cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos que declararon la elección de Antonio Quinto Guerra Varela como mandatario elegido popularmente por los cartageneros.


En rueda de prensa, el funcionario bogotano de la Procuraduría expresó que los contratos cuestionados consistieron en la estructuración de estrategias y el desarrollo de programas sobre planes básicos de agua potable y saneamiento básico varios municipios de Bolívar, entre ellos Cartagena, situación “con la que Quinto Guerra pudo influenciar a la comunidad en su favor“.

Es decir afirma aquí de forma descabellada el Procurador que Quinto Guerra habría utilizado su contrato para pedir favores electorales y que votaran por él.
En el caso de la supuesta inhabilidad de Guerra Varela para haberse inscrito como candidato y, luego acceder al primer cargo del Distrito, no haber instaurado las acciones pertinentes se hubiera tipificado como una omisión por parte de la Procuraduría, ya que es sabido que para esta entidad existe una gran duda infundada sobre el tema.


Según lo que ha podido inferir FRENTE A FRENTE, detrás de la posición de la procuraduría habría bajas presiones al más alto nivel, para lograr que el alcalde Guerra, decidiera apoyar una candidatura presidencial diferente a la actual y que satisfaga los intereses políticos del Procurador Carrillo.
Queda demostrado que el “botín de guerra” en que se ha convertido Cartagena de Indias atrae muchos piratas y corsarios, que esperan con vil ansiedad que el tribunal tome rápido la medida cautelar de separar a Quinto Guerra del cargo para volver a la patria boba de los encargos, y continuar saqueando los tesoros de la corona.
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