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Fecha de publicación: Lunes, 13 de Enero de 2020 Hora: 07:37:32

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HECTOR PEREZ FERNANDEZ AL RESPECTO

 

El abogado y presidente de la reed de veeduría Popular por Cartagena Hector Pérez Fernandez presentó ante el alcalde William Dau Chamat, Solicitud de REVOCATORIA DIRECTA de la Resolución No.

9217 del 16 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se adjudica un contrato de Concesión – Asociación Público Privada” y los actos de administrativos que aprobaron la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto, para la construcción y desarrollo del denominado Crredor Portuario y Quinta Avenida de Manga.

 

En su solicitud de revocatoria el abogado Pérez Fernández  cita normas jurídicas vigentes, como el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 dispone que “El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario; No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.”

 

Agrega la solicitud de revocatoria que  la Resolución No.

9217 del 16 de diciembre de 2019 debe ser revocada directamente por cuanto se obtuvo por medio ilegales, como queda probado en las siguientes razones:

 

  1. El Alcalde no estaba facultado para este trámite, como lo exigen el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política corresponde a los concejos: “3.

    Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.” y el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 dispone que además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: “3.

    Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.”

 

2- Es públicamente conocido que actualmente existe la concesión del corredor de carga, la cual sería impactada por la concesión adjudicada en la Resolución 9217 del 16 de diciembre de 2019, porque la APP contempla el funcionamiento de 6 peajes (4 existentes y 2 nuevos), razón por la cual se violaría el Inciso 7 del artículo 14 de la Ley 1508 de 2012 según el cual “No podrán presentarse iniciativas en los casos en que correspondan a un proyecto que, al momento de su presentación modifiquen contratos o concesiones existentes o para los cuales se haya adelantado su estructuración por parte de cualquier entidad estatal.” (Negrilla fuera de texto).

 

  1. Se violaron flagrantemente los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 1508 de 2012, Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, por las siguientes razones:

 

  1. La administración no dio a conocer todos los documentos de prefactibilidad y factibilidad del proyecto aduciendo reserva.

 

  1. Tampoco se dieron a conocer los documentos de pre-factibilidad del proyecto de APP, por lo que se desconocen los argumentos técnicos que tuvo el Distrito para definir la pertinencia de las obras.

 

  1. No se hicieron públicos los estudios y presupuestos con los que se definió un valor cercano a los $2 billones para el proyecto.

 

  1. No se conocen los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto, el Diagnóstico de Alternativas Ambientales ni el Plan de Manejo Ambiental, pese a que algunas obras se ejecutarán en zona de influencia de mangles, la Ciénaga Las Quintas y el Caño Bazurto, según los diseños de la Quinta Avenida de Manga aportados por el Distrito y modificados por las empresas originadoras, como lo señaló Funcicar.2
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